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   ARÉVACOS - Nº 21   
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Editorial

PAPELES

 


Mucho es lo que, en estos últimos meses, se ha venido hablando del Archivo de la Guerra Civil Española, ubicado en Salamanca. El motivo, de todos conocido, ha sido la reclamación hecha por la Generalitat de Cataluña para que se devuelvan 507 cajas que fueron confiscadas por el ejército de Franco durante la Guerra Civil. Varias son las razones que alegan para fundamentar su petición, entre ellas que los papeles incautados son un botín de guerra y que Cataluña era la única región española que tenía un Estatuto propio cuando fueron sustraídos.

Las opiniones al respecto, como no podía ser de otro modo, han sido dispares. Cada una de las partes ha aportado sus argumentos, con mayor o menor consistencia. Nosotros somos del parecer que más vale dejar las cosas como están que arriesgarse a un descabellado traslado de un lugar a otro de fondos documentales o artístico. Si por un lado están las cuestiones legales no hay que olvidar, por otra parte, lo incómodo que es para los investigadores tener que ir buscando documentos por todas las ciudades de España. Lo racional es que esos legajos y otros se centren en un único archivo.

Bien. Puestos a reclamar -y sólo citamos unos pocos de los numerosos casos- tendríamos que reivindicar la vuelta a El Burgo de Osma de la documentación, joyas, libros y enseres que, en 1840, fueron arrancados de la Universidad de Santa Catalina por la Junta Provincial de Soria que, para que se llevase a efecto la trasladación acordada y sin oposición alguna, hizo ocupar la villa del Burgo por la fuerza armada que creyó necesaria.

También habría que solicitar que la Real Academia de la Historia devolviera el códice de las Constituciones Sinodales (1444) de Roberto Moya, obispo de Osma (1440-1453). Manuscrito que fue sustraído del archivo de la Catedral por el cleptómano Juan Bautista Loperráez Corvalán, quien lo regaló a la citada institución. Algo similar hizo con el Fuero de Soria, si bien éste volvió a su lugar de origen.

Y qué hacer ante el ¿robo legal? decretado por el ministro Mendizábal que dio al traste con el 60 % del patrimonio documental y artístico de tantos venerables conventos. Jerónimos de Guijosa, Franciscanos de San Esteban de Gormaz y de Berlanga de Duero, Carmelitas de El Burgo...

Dejemos las cosas en su sitio, que es lo mejor que puede pasar, aunque fueran adquiridas por medios poco ortodoxos. ¿Qué sucedería si todos los que se consideran injustamente desposeídos reclamasen lo que era de su legítima propiedad? ¿Cuántos cuadros habría que descolgar del Museo del Prado? ¿Cuántas cajas del Archivo Histórico Nacional quedarían vacías? Y ¿cuántos huecos en las estanterías de la Biblioteca de El Escorial?

No hay que olvidar, por una parte, que una cosa es lo que se arrebató a la fuerza, manu militari, y otra muy distinta lo que se vendió por necesidades imperiosas del momento. Está fuera de lugar, pues, reivindicar aquello de lo que sus actuales dueños tienen legítimos títulos de propiedad.

 

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