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La Suiza, por su situación geográfica, su diversidad de lenguas y su economía estable, siempre ha sido un lugar apropiado para acoger refugiados en demanda de asilo político. Desde la edad media ha conocido una plétora importante de refugiados que no ha cesado desde entonces. Hoy en día es tan numerosa la cantidad de personas que, alegando problemas con el régimen dictatorial de sus países -para algunos insostenible-, prefieren aventurarse dejándolo todo y pedir refugio en cualquier país que humanitariamente desee acogerles.

La Suiza cuenta con unos siete millones de habitante entre todos sus Cantones. Es un país muy pequeño para la cantidad de extranjeros que vienen a trabajar en diferentes situaciones y categorías, y económicamente supone una carga enorme para este país.

El gobierno, ante tal situación, decidió el pasado mes de noviembre llevarlo a votación y que el pueblo decidiera -con la subida de impuestos- si querían seguir acogiéndolos o que no dejaran entrar ninguno más.

La votación se llevó a cabo como estaba previsto y, aunque por muy pocos votos, salió a favor en el 52% para los que piden asilo político. Las puertas seguirán abiertas para aquellos que puedan demostrar que no soportan vivir en regímenes dictatoriales, en que la ideología de sus diligentes están en desacuerdo con las suyas propias.

Una vez que los exilados obtienen sus papeles y su situación está en regla ya adquieren el derecho de vivienda y otras prestaciones sociales. Tienen un salario que les permitirá vivir sin trabajar, que hasta que revisen la nueva ley, lo tienen prohibido.

En una reunión mediática y urgente en la villa de Zúrich se están proponiendo nuevas medidas para los refugiados que ya tienen en orden su estancia en el Cantón que se le haya asignado. La primera propuesta es que pueda asistir a talleres de trabajos manuales para que hagan un aprendizaje y, al mismo tiempo, puedan aprender la lengua, además de familiarizarse con el sistema y costumbres de este país, y más tarde puedan conseguir un trabajo que acabe con lo ociosidad en la que por el momento están sumidos.

Algunos partidos político alegan que a muchos de los que escaparon de sus países por razones puramente políticas, y no económicas, no se les puede obligar a ciertos menesteres cuando su nivel cultural está por encima de trabajos subalternos que nunca hicieron cuando anteriormente vivían en otro regímenes.

La oficina Federal de Refugiados de la municipalidad de Zúrich opina que los trabajos cualificados no son compatibles para los que vienen de otros países temporalmente. Y también afirma que algunos de los exilados llega en pésimas condiciones y por tanto no se les puede forzar a una disciplina rigurosa y puntual cuando se siente mal moral y físicamente

En el Control de habitantes, sin poder contabilizar todos lo que han entrado ilícitamente en el país, se calcula que en los últimos cinco años han entrado más de un millón de personas que trabajan sin ninguna clase de permiso válido. De los países del Este y América Latina hay tal magnitud que no saben cómo atajarlo. Saben los políticos sobradamente que en este país hay una falta enorme de mano de obra y que precisamente los que entran ilícitamente son los únicos que están solucionando este problema. Estas personas, que salieron de sus países por falta de medios para subsistir, y desean una vida mejor para ellos y su hijos, emigran a donde hay alguien que pueda facilitarle alguna ayuda, les abren el camino a sus compatriotas en una empresa nada fácil, sobre todo en la época actual en que todas las fronteras están muy vigiladas. Sea como fuere siempre se las arreglan con diferentes medios de locomoción y ciertos riesgos para, con un poco de suerte, encontrar trabajo y conseguir una vida mejor.

Existe una diferencia entre el status de refugiados políticos con permiso de permanencia en el país, aunque sea de corta duración, y aquellos otros que entraron ilegalmente, y que estos, a pesar de su ilegalidad, consiguen ahorrar en poco tiempo lo suficiente para mandar a sus mujeres el dinero suficiente para que pueda reunirse con ellos Lo peculiar del sistema es que no importa en qué situación puedan estar unos y otros. Los chicos de menos de catorce años tienen derecho a la escolaridad, que es obligatoria, y a la ayuda social que puedan necesitar.

La incongruencia de esta situación es que las personas que trabajan al negro -como dicen aquí- si, en un control de rutina les piden el permiso de trabajo y no lo tienen, como es el caso, los pueden poner en la frontera en menos de veinticuatro horas, sin tiempo a recoger sus cosas ni avisar a quienes les contrataron. Y sin embargo los hijos tienen que dar en la secretaria de la escuela los datos personales, como domicilio y seguro médico que es obligatorio pero no del Estado.

Las leyes aquí son bien claras. Todo aquel que contrate a los que no tienen permiso de trabajo pagará una multa de más de quinientos euros. Y sin embargo muy pocos ciudadanos tienen en cuenta esta amenaza, por la simple razón que no hay más que ellos que puedan hacer los trabajos subalternos.

Los políticos saben todo lo que está pasando, y si hacen la vista gorda es porque no les queda otro remedio. Solamente en el caso que alguien por razones personales haga una denuncia a estas personas, la policía, y para cubrir expediente, los buscan hasta ponerlos en la frontera. No sucede con frecuencia y por eso este país esta repleto de gente extranjera.






 

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