Página anterior. Volver Portada gral. Staff Números anteriores Índice total 2005 ¿Qué es Arena y Cal? Suscripción Enlaces
Ha muerto una paciente luego de permanecer quince años en estado vegetativo prolongado artificialmente, y deja pendiente un tema donde confluyen actores e intereses de diversa índole e indolencia. Falleció luego de ser desconectada de un tubo por disposición de su esposo y decisión de un juez; decisión apelada por sus padres y apelación rechazada por la Corte Suprema de Estados Unidos.

En el caso quisieron intervenir otros poderes como el Legislativo, el Religioso, el Ejecutivo y el de los Medios de Comunicación; y otras personas con o sin nexos con la paciente. Lo que ella pensaba acerca de su condición, del escenario montado a costa suya y de la decisión de morir o vivir (ambas con la dignidad que deben tener), no fue suficientemente aclarado. Las noticias del caso, fragmentarias, tenían un enfoque de acuerdo a quien las expedía. Nada claro, pero intentemos descifrar algo y dejar pendientes algunas preguntas.

A los estadounidenses les acostumbran a hacer encuestas luego de orientarles la opinión y esta vez en los sondeos había una mayoría silenciosa, del setenta por ciento, que estaban a favor del fin de la deteriorada vida de la mujer. Opinar acerca de un tema cuya interesada no pudo dar a conocer si lo entendía y aceptaba.

El esposo obtuvo en 1993 un millón de dólares en un juicio por negligencia médica. En esa oportunidad alegó, exitosamente, que los doctores que trataron a su esposa por un trastorno en su ciclo menstrual fallaron al no diagnosticar el desorden alimenticio (bulimia) que finalmente provocó su colapso. En declaraciones a la prensa dijo que los padres de ella empezaron a exigir una parte del pago. Y su abogado dijo que el dinero se agotó hace aproximadamente tres años al ser destinado para cubrir los gastos médicos que la mantenían con vida. El absurdo debate sobre el dinero perdió toda ética y estética cuando, en enero de 2005, un acaudalado empresario de California le ofreció al esposo de la paciente un millón de dólares si cesaba en su esfuerzo por desconectarla. Ahora la pregunta del millón podría ser: ¿Cuánto recibirá tras la muerte de ella? ¿Indemnizaciones, seguros, exclusividades, trágica fama, libros, entrevistas, películas?

¿Cómo alcanzar el justo equilibrio de los derechos a la vida digna y a la muerte con dignidad? Luego de este conmovedor caso de eutanasia queda todo el tema confundido para intentar opinar. ¿Matar a otro por piedad, para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable deberá acarrear penas de prisión? ¿El homicidio por piedad tiene en sí motivos altruistas? ¿Ha de ser necesario el consentimiento del paciente terminal? ¿Han de usarse medios terapéuticos para lograrlo, o simplemente desconectar de la máquina que lo mantiene con vida de manera artificial? ¿Cómo encajan el derecho a la vida, que es inviolable, con el principio de la dignidad humana y con el derecho al libre desarrollo de la personalidad? ¿Cuáles sus límites? ¿Hasta dónde puede el Estado entrar en el fuero íntimo de las personas y determinar su derecho a morir con dignidad? ¿Debe un país que permite la pena de muerte permitir la muerte de quien pena?

Tantos interrogantes que confunden y llegan de improviso al saber de la triste noticia: El caso de una muerte anunciada, por inanición, en el país que dice ser el más desarrollado y poderoso del mundo. 







 

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