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Se está preparando en mi país, Colombia, una nueva reforma tributaria. Los medios de comunicación van ambientando el tema y orientando la opinión, preguntando a representantes de gremios y asociaciones por su “análisis” de las medidas, yo tomo nota y me preparo.

El asunto, claro es, redistribuir la riqueza. Por lo que se propone gravar con un IVA (Impuesto al Valor Agregado) del 10 ó 12 por ciento a la mayoría de los productos de la canasta familiar (al 70 por ciento de ellos), afectando a millones de asalariados y consecuentemente reducir los impuestos de renta y utilidades para beneficiar a unos cuantos cientos de empresarios.

Se gravarán los servicios públicos y los productos de la canasta familiar (los productos básicos de alimentación, vestuario, salud y vivienda); medida a todas luces regresiva, que golpea a las clases baja y media y afecta el consumo, que va contra el salario mínimo vital de los colombianos de más escasos recursos y que desconoce los principios de justicia y equidad tributaria.

Del otro lado de la balanza, los empresarios reciben un proyecto tributario benéfico, pues se plantea la deducción total de la inversión en activos fijos y el uso de créditos fiscales, la desaparición de los ajustes por inflación, del impuesto de remesas y de timbre y del impuesto de renta presuntiva. Son ellos los que tienen más espacio y despliegue en la prensa para salir a hablar de “un apoyo a la competitividad” y aplaudir la decisión.

Pero hay una piedra en el zapato, un punto que plantea eliminar los ajustes por inflación (figura que permite otro descuento adicional del impuesto a la renta a las empresas e industrias) y sobre ése si tenemos polémica y opiniones diversas: "El desmonte de los ajustes por inflación pondrá a pagar más impuestos a todos los sectores productivos”, dice un senador, pero matiza que la medida reduciría la elusión y evasión de impuestos.

Según el mismo Gobierno, la evasión del impuesto de renta alcanza el 35 por ciento (9,9 billones de pesos, el 3,5 por ciento del PIB) y del 22 por ciento en el IVA (5,2 billones de pesos (el 1,8 por ciento del PIB). Por supuesto el IVA que se evade queda en manos del comerciante, no del comprador, que paga de su salario.

En la propuesta de reforma se busca que al año siguiente de realizar una inversión, una empresa descuente la totalidad de su valor como un costo, es decir que lo reste de sus utilidades. El decano de economía de los Andes (una prestigiosa y elitista Universidad del país), Alejandro Gaviria, dijo en una entrevista: “Eso se podría prestar para la contabilidad creativa y terminaría siendo una exención más grande que la que existe hoy. Además si se suma la reducción de la tarifa de renta, al final no se sabría efectivamente cuánto van a pagar las empresas”. Actualmente aunque la tarifa máxima de renta es de 38,5 por ciento, en promedio las empresas pagan 36 por ciento si no hacen uso del beneficio de reinversión de utilidades y 13 por ciento si lo usan.

Claro que en la ANIF (Asociación Nacional de Instituciones Financieras), dicen que la reducción de renta para las empresas es una medida que está bien orientada, pues mejoraría la competitividad del país, generaría estabilidad fiscal y ganarían todos los colombianos. No aclaran a quienes se refieren cuando dicen “todos los colombianos” y encima vaticinan: “En este proyecto no hay ganadores ni perdedores, el ganador es el país completo. Si bien, todos deberemos pagar el IVA, estos recursos serán canalizados para suplir el gasto social”.

Un senador, con buen sentido del humor, ha dicho que la reforma “es una especie de Robin Hood, pero al revés: les quita a los pobres para darles a los ricos". A simple vista es posible saber quiénes ganan y quienes pierden con la iniciativa, ya veremos como nos presentan como ganadores a los más afectados, cuestión de ver el vaso medio vacío o medio lleno, dirán algunos.







 

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