Da la impresión, y esa es la creencia que tenemos la mayoría del pueblo llano, de que un Gobierno -con su Presidente a la cabeza- es el promotor de que la economía de un país marche a tope y las riquezas fluyan por todos lados para llenar los bolsillos de sus ciudadanos.

Naturalmente, en nuestro sistema económico capitalista, de libre mercado o liberalismo económico, esta creencia popular está en contra de las prédicas de uno de sus más notables fundadores, Adam Smith, todo vez que, al concebir la "Mano Invisible" (forma metafórica por la cual el célebre filósofo político escocés describe el papel del mercado libre en la asignación de los bienes en la economía) como instrumento del poder estatal y el intervencionismo, estaríamos dejando fuera de concurso uno de los basamentos -que no virtud- del orden económico natural, este moderno sistema que adoptamos la mayoría de países y que -aparentemente- nos sacó del mercantilismo y de otros sistemas feudalistas y arcaicos.

En una economía de mercado el papel del Gobierno es amplio en el plano socioeconómico y tiene que intervenir en la defensa de los derechos de propiedad, la garantía de competencia entre empresas, la provisión de los bienes problemáticos, la protección de los desprotegidos para garantizar la igualdad de oportunidades, planificar políticas para acrecentar el crecimiento y desarrollo económico, el pleno empleo, la estabilidad de precios, una justa distribución de la renta y la riqueza, equilibrio de la balanza de pagos, etc., etc. Pero el Gobierno está exento de atribuciones para marcarle los derroteros al capital. Son los componentes del tejido empresarial y financiero quienes, con plenas atribuciones y casi absoluta libertad, encaminan la economía y la hacen positiva y creciente o, por el contrario, nos mete de cabeza en una crisis como la que estamos sufriendo en la actualidad.

¿Quiero esto decir que el Gobierno no tiene la culpa de que haya ocurrido esta extraordinaria crisis en la que nos encontramos?

Todo lo contrario. La crisis ha sobrevenido porque el Gobierno -aquí hay que meter a todos los de los países afectados, y muy especialmente al de los EE.UU. en cuyas trastiendas financieras se coció el engendro de las hipotecas basura, origen del crack- no ha sabido, no ha podido o, simplemente, ha hecho la vista gorda y no ha cumplido con su deber de supervisar lo que se cuece en las entidades bancarias, gestoras financieras y empresas que prestan servicios de inversión. Todas las operaciones de estas entidades deben ser minuciosamente estudiadas y contar con su aprobación para la seguridad y solvencia del sistema (de la misma forma que se revisan los juguetes, partidas de carne, medicamentos, etc.). Así, pues, tanto si una entidad financiera se monta un tinglado que, si no ilegal, tiene escasas o nulas garantías de cumplir sus previsiones y llegar a buen fin (como eran las subprimes), como si acepta y pone a disposición del público los engendros creados en otros países, el Gobierno, en su obligación de velar por los intereses de los inversores, no puede ni debe admitirlo. Por mucho que la filosofía del libre mercado obligue a la no intervención del Gobierno en la dinámica del proceso, éste está obligado a aprobar -o, como en este caso, desaprobar- unas operaciones que pueden acabar con la economía y el bienestar de un país.

Y una vez más repito que la actuación del Gobierno, tanto el de nuestro país, España, como el resto de los afectados, aunque haya que contemplarlos a todos con la nariz tapada, es la más correcta para intentar corregir su tan inexplicable como inexplicada gestión en el asunto de la crisis. Avalar y poner a disposición de las entidades financieras -que no "darle", como bien aclaró el presidente Zapatero a la pregunta de un participante en el programa de TVE "Tengo una pregunta para usted."- millonarias cantidades de euros -y toda vez que no saben hacer otra cosa- es la mejor manera de ayudar a que la economía del país se recupere. Distinto es lo que hagan los Bancos con ese dinero, pues, como no vemos que los créditos a las empresas -y en general- se concedan, parece que el destino del mismo ha sido sanear las economías propias y el pago de posibles deudas (recordemos que la deuda externa de España, con 1,54 billones de euros -a 2007-,.es de las más altas de la UE y el mayor déficit de los países del mundo industrializado). También este aspecto -aunque será un monaguillo corrigiendo a Dios- merecería una inmediata intervención del Gobierno.

Por otra parte, hay una pregunta que ni el Gobierno ni nadie parece tener el menor interés en responder: ¿Dónde están los cuantiosos beneficios generados en la época de bonanza económica que va desde el año 2002 al 2008 y que ha sido una de las mejores de todos los tiempos? ¿Se nos ha olvidado acaso las enormes cifras de beneficios que nos presentaban cada tres meses durante todos esos años (incluso todavía las siguen presentando) las grandes entidades financieras?

Se advierte que aquí hay algo que no funciona bien. Y como se ve que la cosa va para largo (los que se llevaron las pelas no quieren saber nada y los que lo permitieron ni quieren ni saben hacer otra cosa), no tardará mucho en que las gentes salgan a la calle a reclamar lo que la codicia de unos y la mala gestión de otros les ha privado.