Da la impresión, y esa es la creencia que tenemos la mayoría del
pueblo llano, de que un Gobierno -con su Presidente a la cabeza-
es el promotor de que la economía de un país marche a tope y las
riquezas fluyan por todos lados para llenar los bolsillos de sus
ciudadanos.
Naturalmente, en nuestro sistema económico capitalista, de libre
mercado o liberalismo económico, esta creencia popular está en
contra de las prédicas de uno de sus más notables fundadores,
Adam Smith, todo vez que, al concebir la "Mano Invisible" (forma
metafórica por la cual el célebre filósofo político escocés
describe el papel del mercado libre en la asignación de los
bienes en la economía) como instrumento del poder estatal y el
intervencionismo, estaríamos dejando fuera de concurso uno de
los basamentos -que no virtud- del orden económico natural, este
moderno sistema que adoptamos la mayoría de países y que
-aparentemente- nos sacó del mercantilismo y de otros sistemas
feudalistas y arcaicos.
En una economía de mercado el papel del Gobierno es amplio en el
plano socioeconómico y tiene que intervenir en la defensa de los
derechos de propiedad, la garantía de competencia entre
empresas, la provisión de los bienes problemáticos, la
protección de los desprotegidos para garantizar la igualdad de
oportunidades, planificar políticas para acrecentar el
crecimiento y desarrollo económico, el pleno empleo, la
estabilidad de precios, una justa distribución de la renta y la
riqueza, equilibrio de la balanza de pagos, etc., etc. Pero el
Gobierno está exento de atribuciones para marcarle los
derroteros al capital. Son los componentes del tejido
empresarial y financiero quienes, con plenas atribuciones y casi
absoluta libertad, encaminan la economía y la hacen positiva y
creciente o, por el contrario, nos mete de cabeza en una crisis
como la que estamos sufriendo en la actualidad.
¿Quiero esto decir que el Gobierno no tiene la culpa de que haya
ocurrido esta extraordinaria crisis en la que nos encontramos?
Todo lo contrario. La crisis ha sobrevenido porque el Gobierno
-aquí hay que meter a todos los de los países afectados, y muy
especialmente al de los EE.UU. en cuyas trastiendas financieras
se coció el engendro de las hipotecas basura, origen del crack-
no ha sabido, no ha podido o, simplemente, ha hecho la vista
gorda y no ha cumplido con su deber de supervisar lo que se
cuece en las entidades bancarias, gestoras financieras y
empresas que prestan servicios de inversión. Todas las
operaciones de estas entidades deben ser minuciosamente
estudiadas y contar con su aprobación para la seguridad y
solvencia del sistema (de la misma forma que se revisan los
juguetes, partidas de carne, medicamentos, etc.). Así, pues,
tanto si una entidad financiera se monta un tinglado que, si no
ilegal, tiene escasas o nulas garantías de cumplir sus
previsiones y llegar a buen fin (como eran las subprimes), como
si acepta y pone a disposición del público los engendros creados
en otros países, el Gobierno, en su obligación de velar por los
intereses de los inversores, no puede ni debe admitirlo. Por
mucho que la filosofía del libre mercado obligue a la no
intervención del Gobierno en la dinámica del proceso, éste está
obligado a aprobar -o, como en este caso, desaprobar- unas
operaciones que pueden acabar con la economía y el bienestar de
un país.
Y una vez más repito que la actuación del Gobierno, tanto el de
nuestro país, España, como el resto de los afectados, aunque
haya que contemplarlos a todos con la nariz tapada, es la más
correcta para intentar corregir su tan inexplicable como
inexplicada gestión en el asunto de la crisis. Avalar y poner a
disposición de las entidades financieras -que no "darle", como
bien aclaró el presidente Zapatero a la pregunta de un
participante en el programa de TVE "Tengo una pregunta para
usted."- millonarias cantidades de euros -y toda vez que no
saben hacer otra cosa- es la mejor manera de ayudar a que la
economía del país se recupere. Distinto es lo que hagan los
Bancos con ese dinero, pues, como no vemos que los créditos a
las empresas -y en general- se concedan, parece que el destino
del mismo ha sido sanear las economías propias y el pago de
posibles deudas (recordemos que la deuda externa de España, con
1,54 billones de euros -a 2007-,.es de las más altas de la UE y
el mayor déficit de los países del mundo industrializado).
También este aspecto -aunque será un monaguillo corrigiendo a
Dios- merecería una inmediata intervención del Gobierno.
Por otra parte, hay una pregunta que ni el Gobierno ni nadie
parece tener el menor interés en responder: ¿Dónde están los
cuantiosos beneficios generados en la época de bonanza económica
que va desde el año 2002 al 2008 y que ha sido una de las
mejores de todos los tiempos? ¿Se nos ha olvidado acaso las
enormes cifras de beneficios que nos presentaban cada tres meses
durante todos esos años (incluso todavía las siguen presentando)
las grandes entidades financieras?
Se advierte que aquí hay algo que no funciona bien. Y como se ve
que la cosa va para largo (los que se llevaron las pelas no
quieren saber nada y los que lo permitieron ni quieren ni saben
hacer otra cosa), no tardará mucho en que las gentes salgan a la
calle a reclamar lo que la codicia de unos y la mala gestión de
otros les ha privado.