Ya desde que el jurista romano Ulpiano definió el pilar de la justicia como “el hábito de dar a cada cual lo suyo”, comenzaron también los contratiempos y la corrupción. Por consiguiente, tampoco es nueva esta contienda, no en vano las guerras son fruto de un mal reparto y de un fracaso en la conciliación de la libertad con lo justo. La historia, siempre sabia y siempre sombra nuestra, enjuiciadora y juiciosa del tiempo, nos descubre que es más justo el paso de sociedades autoritarias a sociedades democráticas, pasar de sociedades cerradas a sociedades abiertas, remontar las sociedades verticales a sociedades horizontales, reconvertir sociedades centralistas en sociedades participativas. Sin embargo, lo que parece estar garantizado en nuestro propio país, a veces también da la sensación de contradecirse y de guiarnos la ilegalidad, quizás porque la difícil papeleta de ser justo precisa una cultura de legalidad que no se inyecta aún ni en programas escolares. Se fomenta el cultivo de lo bueno pero no de lo justo. Se aviva la competitividad en vez del buen estilo. Si los ciudadanos practicasen entre sí la amistad, no tendrían necesidad de la justicia. Es una idea aristotélica que convendría desempolvar y poner en juego en un mundo creciente de fugitivos de la justicia, cada vez más desunido y más hostil.

Desde luego, la babel de los estilos de vida, judicializados al máximo, exige cambios en los poderes judiciales de todo el mundo. Para empezar no debiera haber más que un poder, el de la conciencia al servicio de lo justo, de la justicia. Lo que excluye la politización. A tenor de lo dicho y volviendo los ojos a nuestro propio país, reconozco que me parece un avance sustancioso el plan de modernización de la justicia, aprobado en el mes de noviembre del 2008 por el Pleno del Consejo del Poder Judicial, que abarca una serie de medidas a corto, medio y largo plazo (hasta diciembre de 2011). Sobre el papel dice mucho y bien. La cuestión es ponerlo en práctica y, en ello, no debe escatimarse esfuerzo alguno. Sin ir más lejos, la implantación de la oficina judicial para su organización y estructura precisa de medios humanos y materiales, la reestructuración de la Planta y demarcación judicial más de lo mismo, la aplicación de las nuevas tecnologías idem id. Para una justicia más transparente, más comprensible, más atenta a la atención personalizada, al trato y a la protección, más adaptada a las personas vulnerables, también se necesitan personas cualificadas, sobre todo en humanidad. Para ser justo antes hay que ser humano.

Una condición básica de la justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; la justicia no puede tomar su tiempo, nada más que el justo y necesario, puesto que hacerla esperar es por si mismo una injusticia. En consecuencia, introducir mejoras urgentes en la gestión del personal de la Administración de Justicia debiera considerarse prioritario, tema de Estado, puesto que una justicia que no es eficaz, que llega tarde, no tiene sentido su existencia. Ciertamente, somos un país en el que urge impulsar juicios rápidos civiles, poner en marcha un nuevo proceso penal más reeducador, reducir la litigiosidad o establecer órganos específicos para resolución de conflictos menores. La proliferación de casos españoles en los que, por llegar a destiempo la justicia, germinan abusos, arbitrariedades, atropellos, violencias, agravios…, está siendo un diario permanente para dolor en el alma de todos los ciudadanos, a sabiendas que la justicia, no lo olvidemos, emana del mismísimo pueblo. Una justicia que resulta particularmente importante en el contexto actual, en el que el valor de la persona, de su dignidad y de sus derechos, a pesar de las proclamaciones de propósitos, está seriamente amenazado por la difundida tendencia a recurrir exclusivamente a los criterios de la utilidad y del tener, de la corrupción y de la indecencia. Al fin y al cabo, por muy individual que sea la injusticia cometida, siempre acaba fagocitando a toda la sociedad.

Por ello, las inversiones en justicia se traducen en una apuesta de futuro, que ha de ser presente y presencia. Estimo que ya es hora de pasar de las promesas a los hechos, si en verdad queremos que la justicia esté vigilante para que se nos reconozca a todos como personas. Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados. Ya lo dijo Quevedo: Menos mal hacen los delincuentes que un juez. Y desgraciado aquel país en el que los jueces gastan sus energías, en vez de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado, en hacer valer sus derechos para poder cumplir sus obligaciones de escucha, de respuesta, de ponderación y de imparcial decisión. Decisiones que van en paralelo con lo que cada uno de nosotros forje, teniendo en cuenta la idea socrática de que cada uno de nosotros sólo será justo en la medida en que haga lo que le corresponde.

Volviendo a recordar la máxima de Ulpiano, que acrecienta lo dificultoso que es ser juez en un mundo tan complejo como el actual, imagine el lector la constante y perpetua voluntad de dar a cada cual lo suyo como miembro de una sociedad multicultural, y, asimismo, lo suyo a la sociedad globalizada, que también tiene sus derechos y que se refiere al bien común, pienso en lo saludable que será para ese vocacional administrador de la justicia una guía, un estatuto acorde a los nuevos tiempos, donde se delimiten los campos de la carrera judicial y su promoción profesional ajenas a las políticas del gobierno de turno, donde verdaderamente se impulse una auténtica independencia, imparcialidad y responsabilidad del juez como valor y referente constitucional. Está visto que la justicia se defiende siempre con el raciocinio, jamás con programas electoralistas. Mejor que el político que puede saber lo que es justo está el enjuiciador que ama lo justo y que, por eso vocación, se debió hacer juez. Amar lo justo, en cualquier caso, siempre es una pasión más ecuánime. Y estos entusiasmos son los que hoy se necesitan para estimular la justicia de proximidad con el ciudadano, para que ambos, jueces y ciudadanía, se enraícen en la cultura de la paz, se comprendan y se entiendan, máxime cuando muchos ciudadanos dicen no creer en la justicia. Sin duda, hace falta volver a suscitar la satisfacción del derecho fundamental a la justicia ante el cúmulo de insatisfechos. Apostar por el derecho de protección jurídica de toda la ciudadanía y el acceso a los Tribunales de Justicia, siempre en condiciones de igualdad, debe ser un reto asentado y firme, que el plan de la modernización de la justicia ha de tomarlo como preámbulo.







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