El cuento, a modo de argumento justificativo, lleno de mentiras y medias verdades, es siempre el mismo: acercarnos y parecernos cada vez más a los países punteros de Europa.

Y como no era bastante con la Ley Antitabaco de 2006, prohibiendo fumar, no sólo en establecimientos y servicios públicos y sanitarios, sino en los de hostelería y ocio -donde se permitía la excepción a los bares a criterio de los propietarios-, la señora Ministra de Sanidad, con declaraciones tan peregrinas y absurdas como éstas: "...no se está cumpliendo la normativa...", "...más del 70 % de la población pide que fumar se prohíba totalmente...", "...los establecimientos que hicieron obras para adaptar sus locales a la Ley apenas son un 1 %...", pretende una ampliación de la ley del tabaco derogando todas las anteriores excepciones e imponiendo la prohibición total de fumar en todos los establecimientos.

Personalmente -y aunque fumo desde aquellos tiempos en que todo eran facilidades-, opino que el tabaco no es bueno ni aconsejable, y así lo he manifestado y publicado en diversos artículos. Pero no debemos olvidar que es un producto sumamente adictivo al que, una vez acostumbrado, es muy difícil renunciar. En la mayoría de los casos, el fumador empedernido necesitará -además de razones y argumentos con más entidad que los actuales para convencerlo- una asequible y eficaz ayuda médica, acompañada de un buen tratamiento psicológico y, sobre todo, de tiempo para, si no a la primera, conseguir dejarlo definitivamente en sucesivos intentos. Por eso me parece demencial -una bien poco meditada acción, rozando la cacicada e impropia de quienes pregonan transigencia, igualdades y libertades- que se pretenda imponer una ley represiva impidiendo tajantemente el uso del tabaco en lugares dedicados precisamente al esparcimiento y la holganza, tales como bares, cafeterías, tascas, chiringuitos, etc.

Tampoco debemos olvidar que hasta hace muy pocos años, con la total complacencia del Gobierno, la publicidad del tabaco lo llenaba todo, páginas de prensa y revistas, espacios televisivos, grandes vallas publicitarias en ciudades y carreteras, cines, campos de fútbol, competiciones deportivas y todo cuanto fuera susceptible de pregonar sus variadas marcas. Y es que, desde 1518, cuando el misionero español Romano Ponce -según algunos autores- o el veedor del rey, historiador y naturalista Hernández de Oviedo (Fernando de Oviedo, según otros) trajera a España algunas plantas y semillas de esta solanácea, todos los gobernantes han tenido en este vicio del pueblo un magnífico y lucrativo negocio. Tan es así que ya en 1634 fueron creados los primeros estancos en Castilla y León y, en 1707, en todo el territorio nacional. Un monopolio, o sea, un producto irreemplazable y con un gran poder de mercado del que, hasta la fecha, el Estado acapara para sí la mayor parte de sus rentas mediante una altísima fiscalidad.

Obligado es decir que la persona que no quiera fumar ni aspirar el humo de los cigarrillos tiene perfecto derecho a ello. Y podemos considerar lógico que se preserve este derecho prohibiendo el uso del tabaco en lugares comunes, centros hospitalarios y establecimientos de salud, transportes colectivos, tiendas y supermercados, oficinas de atención al público, etc. Incluso, en los restaurantes, preservando -como hace la actual ley- el derecho de los que quieren fumar y los que no con espacios reservados para ambos.

Lo que es ilógico -repito que una cacicada- es prohibir su uso en bares y establecimientos dedicados a la holganza, en sitios donde la inmensa mayoría de clientes no busca otra cosa que pasar un rato, distraerse, charlar con los amigos tomando unas copas y echar un pitillo si les apetece. ¿Que entran algunos clientes que no fuman? Pues que entren si quieren, pero sabiendo que está permitido fumar -en la puerta se indica si dentro se fuma- y, por tanto, deberá soportar el humo de los otros aunque no le guste. Esta aceptación, que se llama transigencia, condescendencia, tolerancia, es una virtud del ser humano que lo identifica como respetuoso y con capacidad para aceptar las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. La usamos a diario en grandes dosis cuando tenemos que soportar cosas bastante más desagradables que el humo de un cigarrillo. Léase el humo de los escapes de los miles de vehículos que pasan cada día por nuestro lado -cien veces más tóxico que el del cigarrillo-, las muchas molestias y el insoportable ruido de las continuadas e interminables obras urbanas, las pérdidas de tiempo en las larguísimas colas para solicitar el DNI, pasaporte o cualquier otro servicio público, y etc., etc.

La pretendida ley no sólo se salta a piola los derechos de los que fuman y quieren seguir fumando en sus espacios y ratos de ocio, sino también los de los propietarios de estos establecimientos que, como se puede comprobar, son la casi totalidad de los existentes. ¿Y cuál es el motivo de que sean tantos los que permiten fumar en sus locales? Elemental: la simple lógica. Y ésta no es, por supuesto, que ellos mismos fumen, sino que lo hacen la mayoría de sus clientes. La prohibición llevaría consigo, por mucho que digan lo contrario la señora Ministra y sus secuaces, una inmediata o progresiva disminución de la clientela que abocaría al cierre a la mayoría de estos negocios. Miles, cientos de miles de estos pequeños industriales que se quedarían sin su medio de sustento y pasarían a engrosar las listas del paro.

Y aún nos queda una última cuestión: ¿quién vigilaría que esta ley se cumpla?, ¿el propietario del local? En ese caso, tendrían que investirlo de autoridad para que pueda pedir documentación e imponer sanciones a los clientes más contumaces. De otro modo no habría forma de hacer cumplir la norma, porque, ni estos comerciantes pueden permitirse el lujo de tener guardas de seguridad ni la llamada por teléfono a la policía local o nacional surtiría efectos, ya que estos cuerpos no dispondrían de efectivos suficientes para cubrir la demanda ni, lógicamente, dejarían otras obligaciones más importantes para acudir a un bar porque un señor ha encendido un pitillo.

La señora Ministra debiera considerar que, para parecernos a Europa de verdad, se debería comenzar por lo más importante, por lo que obliga la lógica más elemental, por hacer algo razonable y efectivo para que las listas del paro en España no sean cuatro veces más numerosas que las del resto de Europa; por aplicar sus buenas intenciones en resolver ese gravísimo e imperecedero escarnio que sufren muchos de los jubilados de este país, para que tengan una pensión que, al menos, les permita vivir con cierta decencia y acabar el mes comiendo todos los días; por dedicar su indudable voluntad de trabajo en conseguir que los mil euros que gana un español al mes se parezcan más a los tres mil que gana por el mismo trabajo los europeos de allende los Pirineos...

Como la señora Ministra y sus colegas de Gobierno saben, se podrían añadir aquí tres mil cuatrocientas causas más -con auténtica importancia social y económica- que habría que cambiar para parecernos a Europa. Naturalmente, cualquiera de ellas con bastante más complejidad -y necesitadas de capacidades en sus ejecutores para llevarlas a la práctica- que unas sencillas leyes restrictivas o coercitivas tales como la de "Se prohíbe fumar". Resolver esas necesidades socioeconómicas -o al menos intentarlo-, como también ya saben, es la única fórmula para que un Gobierno permanezca en su puesto durante muchos años, querido y aceptado por el pueblo y reelegido una y otra vez. Y entonces nos preguntamos ¿Por qué no lo intentan? ¿Por qué, en lugar de tanta campaña y publicidad y leyes antitabaco, no se esfuerzan en dar a la sufrida, debilitada y desfallecida sociedad española unos hálitos de salud?

No, no hace falta que respondan... Ya nos lo imaginamos.

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