• Alfonso Estudillo

    La Voz de Arena y Cal

    Jubilación, que venia de júbilo

    por Alfonso Estudillo


No cabe duda de que la esperanza de vida de los españoles ha aumentado en una proporción bastante significativa desde principios del pasado siglo hasta la fecha. Así, la vida media ha pasado de los 41 años con los que moría gran parte de la población en 1910, a los 69 de 1960 hasta llegar a los casi 82 años de 2010, siendo mayor para las mujeres (84,3 años) que para los hombres (78,2 años). Estas cifras nos dice que la edad que alcanzamos los españoles al día de hoy es justo el doble de la que se conseguía vivir en aquellos movidos años de nuestros abuelos.

Este aumento viene originado -además de por una larga etapa de paz- por una alimentación más abundante y accesible, mayor conocimiento sobre hábitos que pueden perjudicar o beneficiar nuestra salud y por las grandes y continuadas mejoras experimentadas en el sistema sanitario. Y es previsible que en los próximos cincuenta años esta esperanza de vida se vea aumentada hasta incluso superar la bonita cifra de los 100 años.

Con estas tesituras, y teniendo en cuenta que la natalidad en España ha experimentado un importantísimo retroceso en las últimas décadas, no cabe duda de que nos vamos convirtiendo en una población de viejos, donde el porcentaje de jubilados excede con mucho las previsiones que el organismo encargado de la protección y el bienestar de las clases obreras hubiera previsto, incluso, con las múltiples leyes correctoras llevadas a cabo hasta el Pacto de Toledo en 1995.

Este organismo -la Seguridad Social- comenzó su andadura en 1883 con la Comisión de Reformas Sociales (encargada del estudio de mejoras y bienestar de la clase obrera). En 1900 se crea el primer seguro social, la Ley de Accidentes de Trabajo, y en 1908 aparece el Instituto Nacional de Previsión en el que se integran las cajas que gestionan los seguros sociales que van surgiendo a lo largo del tiempo: Retiro Obrero (1919), Seguro Obligatorio de Maternidad (1923), Seguro de Paro Forzoso (1931), Seguro de Enfermedad (1942), Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez  (1947) y, más tarde, las Mutualidades laborales. En 1963 aparece la Ley de Bases de la Seguridad Social y en 1966 la Ley General de la Seguridad Social, reformadas por otra más perfeccionada de 1972. Los Pactos de la Moncloa (1977) y la Constitución (1978) crean nuevas leyes y sistemas que serían ampliadas a lo largo de los ochenta y los noventa. En 1995, en el Pacto de Toledo, con el acuerdo de todas las fuerzas sociales y políticas, se fijaron importantes cambios que contemplaban la estabilidad financiera y las prestaciones futuras de la Seguridad Social.

Toda una evolución que ha conseguido indiscutibles servicios y mejoras en el estado de bienestar de los españoles, pero que, al día de hoy -según nos dicen-, sigue sin completarse en algunas de sus facetas, principalmente, en el estado financiero de la caja única y su continuidad en el tiempo. De ahí que el actual gobierno pretenda subir la edad de jubilación hasta los 67 años y haya acordado con sindicatos, patronal y demás fuerzas políticas diferentes medidas para hacerla efectiva.

Personalmente -ya lo dije hace un par de meses-, no lo veo del todo mal. Si tenemos en cuenta este crecimiento de la esperanza de vida -que se traduce en una ampliación de los años que vivimos-, podemos decir que es lógico que también se amplíe la vida laboral de aquellos que estén en condiciones de mantenerla. Pienso que debería ser voluntaria, exclusivamente a criterio del trabajador, pero, con una aplicación progresiva y teniendo muy en cuenta la penosidad de la profesión que se ejerza (no es lo mismo un albañil o un labriego que un juez o un médico), esos dos años que se piden pueden justificarse. 

Como también debería justificarse por parte de quienes pretenden -y harán- estas reformas los diversos privilegios que gozan -en estas y otras materias- los diputados, eurodiputados, senadores, ministros, ex ministros y otros personajes de alto rango. Aparte de que estas leyes o normas hechas a medida suponen un agravio para con todos los demás españoles, si se hacen necesarisa reformas para rebajar sueldos y pensiones, justo es que se comience por quienes disfrutan de mercedes, chollos y prebendas incompatibles con la situación económica que vivimos.

Pero, lo que realmente es imprescindible es una política de empleo que absorba a esa enorme masa de población joven desde que terminan sus estudios, sean estos de formación profesional o carreras universitarias. Puede que estén menos formados y tengan menos experiencia que mayores con 50 ó 60 años, pero el posible menor rendimiento en los principios quedaría compensado por mayor actividad y capacidad productiva superados los dos o tres primeros años, capacidad que se prolongaría durante muchos años hasta llegar a la edad y situación de los anteriores. Además, hay que tener en cuenta que cuanto más tarde comiencen a trabajar los chavales más problemas pueden tener a la hora de jubilarse, pues, si se exige alrededor de cuarenta años cotizando, jamás podrá tener una jubilación completa una persona que comience su actividad laboral más allá de los 27.

Con lo que no estoy de acuerdo en absoluto es con la ampliación de 15 hasta 25 años como período de referencia para calcular las pensiones de jubilación. Supone disminuir aún más las exiguas cantidades con las que deben mantenerse muchas personas de mínimos recursos en las etapas finales de su vida, a veces con familiares a su cargo y sin haber podido acceder nunca a planes complementarios de pensiones o disfrutar de ahorros o patrimonio de ningún tipo.

Aquí, sin poner en tela de juicio que cada uno puede y debe disfrutar de lo merecido de acuerdo a méritos y suerte, tropezamos, como siempre, con el cuento sin fin ni solución: unos pocos que lo tienen todo, mansiones, casas de recreo, servidumbre, etc., ...o su paga de ex lo que sea que le permite vivir de puta madre, y unos muchos que no tienen nada, ni siquiera para poder comer todo el mes. Y no es justo. El reparto que hacen estas gentes a los que le dimos el poder en las urnas, los encargados de gobernar y poner orden y justicia en la sociedad, no es equitativo e imparcial, ni siquiera razonable, es el mismo que hacen los prebostes de las finanzas y las caciques de industrias y negocios: "uno pa ti y veinte pa mí".

Y no es justo, no...

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