El señor Artur Mas, presidente de la Generalitat, tiene perfecto derecho a querer lo mejor para sus gentes. Y a manifestarlo como una pretensión que él, en su inconcebible y cegata obstinación, considera justa y perfectamente viable. Lo raro del caso es que, pareciendo chico listo y avispado, se mantenga sin cambiar ni una coma de su mensaje, cuando sabe -debe saber- que tan utópica pretensión no es sino quiméricos sueños navegando por el mar del absurdo.

Y lo peor de su disparate no es que -más bien pronto que tarde- se le acabe la cuerda y tenga que salir trasquilado y con el rabo entre piernas, sino el tremendo daño que su insensatez está causando tanto al pueblo catalán como al resto de España.

La sola mención de la palabra independencia -dimanante, más bien, de un carácter de rebeldía que de una percepción de autosuficiencia-, crea y predispone, no sólo a España y los españoles -entre los que se cuentan un altísimo número de nacidos y residentes en Cataluña-, sino a todos los integrantes de la Unión Europea y resto del mundo occidental, a desconfiar -en todos los aspectos, turismo, seguridad, economía, inversiones, etc.- del país en el que uno de sus pueblos, territorios, regiones, autonomías o como quieran llamarlo, eleva la voz pretendiendo independizarse y abandonar por completo -de grado o por la fuerza- a la nación a la que pertenece por raíces, sangre e historia.

Está bien -y podemos entenderlo- que el señor Mas quiera una mayor independencia del gobierno central, que quiera emancipar sus arcas, su realidad socio-económica, sus proyectos y su futuro sin necesidad de darle cuenta a nadie, que quiera hacer de su industriosa y perseverante Catalunya la Perla de Occidente, incluso, que aspire a convertir su hermosa tierra payesa en la California de los Estados Unidos de Europa y a ser el mundialmente conocido Schwarzenegger de esta ahora humilde y poco conocida parte del mundo. Tiene derecho a todo, pero sin necesidad de ese "Aquí us quedeu, colla d'espanyols..." Para ello tiene la Carta Magna de todos los españoles. Que es suya también. Y en cuyo articulado se recoge la posibilidad, previo consenso de todos los que la aceptaron y firmaron, de cambiar el modelo político de ahora - autonómico, semi-centralista- por otro con total soberanía y autogobierno, e, incluso, con derecho de autodeterminación. Sólo se trata de leer siquiera sea por encima el libraco, ver y entender dónde y cómo comienza la solución -sencillísima por demás-, centrar adecuadamente la idea y exponerla a los dirigentes de las demás formaciones que también están de acuerdo en limpiarle el polvo a los muebles. Como ya son muchos -bastantes- los que consideran llegada la hora de renovar antiguallas y guardar las reliquias tras las vitrinas de su museo, no le será difícil conseguir suficiente voz como para que el sargento mayor del reino no tenga otra opción que la de dar órdenes de desalojo general por cambio de dueño.

La Constitución de 1978, aunque sigue regulando muy dignamente nuestros derechos y obligaciones, bien es verdad que se va haciendo mayor y algo achacosa (baste ver la incongruencia en la línea de sucesión de la Monarquía o la falta de articulado que regula las atribuciones del heredero de la Corona en caso de incapacidad temporal del Rey). En otros aspectos, la situación actual de España es bastante distinta de la que era hace treinta y cinco años, y vemos cómo los nuevos tiempos y costumbres la van haciendo necesitada de una actualización, remodelación o, si el pueblo así lo quiere, de una renovación que contemple la posibilidad de convertir nuestro actual Estado Regional-Autonómico en una Federación o Confederación de Estados.

Ello podría acabar -y en buena lógica acabaría- con las corrientes independentistas que mantienen los sectores nacionalistas del país vasco y, principalmente, Cataluña. Habría que reseñar que  los sectores independentistas de esta última no conseguirían su sueño (aún más absurdo que los del señor Mas) de total independencia y unión en un confederado catalán de lo que denominan Países Catalanes, que incluye a la propia Cataluña, el Rosellón y la Cerdaña francesa (a los que denominan Catalunya Nord); la Franja Oriental de Aragón a la que denominan Ponent, e, incluso, la Comunidad Valenciana; las Islas Baleares y la comarca murciana de El Carche. Pero no cabe dudas de que Cataluña -y los catalanes que insisten en el autogobierno- tendrían su estado soberano como un Estado Federal.

El cambio del modelo de estado no tendría que afectar en nada a nuestro actual Jefe del Estado, S. M. el Rey D. Juan Carlos I, sea adaptando sus actuales prerrogativas en el modelo de Monarquía Constitucional o Parlamentaria, o bien instaurando la Monarquía Federal, que se entiende como una Federación de Estados con el monarca como presidente de la federación conservando los títulos monárquicos. Ejemplos serían Australia y Canadá, o el mismo Reino Unido, donde cada estado es soberano aún teniendo en la figura de la reina, Isabel II, al jefe del estado. Y no digo esto porque crea que la figura del Rey es una tradicional y conveniente estampa decorativa que hace bonito, sino porque -con todos mis respetos a opiniones contrarias-, en el plano interno, como Jefe del Estado y Comandante en Jefe de las fuerzas armadas, nos ha demostrado cualidades y actitudes muy a tener en cuenta, y de cara al exterior, porque es el mejor embajador y la imagen más representativa, consolidada y firme de cuantas pudiera tener España.

España. Segundo decenio del primer siglo del tercer milenio. Sí... parece que se aproxima la hora de los cambios. Y, ciertamente, atendiendo a las ideas de los más conservadores, puede que sea mejor no tocar nada, que sea aplicable el refrán ese que dice: "Más vale malo conocido que bueno por conocer." Pero, es indudable que la mejor historia del hombre, la del progreso y los éxitos evolutivos, se cuenta por todos esos pasos que dio siempre por los caminos de lo desconocido.

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