Algo más de 1.300 euros nos ha costado a cada español sanear las entidades bancarias afectadas por el tsunami económico, por la incompetencia, deslealtad y falta de ética con que muchas eran administradas por sus directivos y por el continuado saqueo a que eran sometidas. Por eso nos aflora una sonrisa irónica cuando escuchamos al Sr. Rajoy decir pomposa y fastuosamente lo de: "Hemos hecho lo que había que hacer, hemos trabajado firme y honestamente para sacar a España de la ruina y derrumbamiento en que la encontramos. Y prueba de ello es la solidez de la Banca...". La sonrisa es lógica porque, además de haber saneado el sector más propio y exclusivo de los ricos expoliando a los más pobres, para medio justificar los adjetivos de firme y honesto, había que completar la frase con "Y proseguiremos trabajando con la misma firmeza y honestidad hasta descubrir y poner ante los Tribunales a todos aquellos personajes corruptos que, desde el sistema financiero, contribuyeron con sus acciones a esa debacle económica."

Ni se ha dicho ni se ha advertido en la línea política seguida hasta ahora. Podíamos decir que, en ese aspecto, teniendo en cuenta la rancia estirpe y abolengo de los implicados -o si quiere, las condonaciones de deudas, créditos sin interés y demás favores otorgados a los partidos por el sector-, no había otra cosa que lo mismo de siempre, pasar la mano, hacer oídos sordos y dejar que el tiempo imponga el olvido. Sin embargo, sorprendentemente, por extraño que parezca, los titulares de la prensa de estos últimos días han comenzado a hacerse eco de acusaciones directas, citaciones a Juzgados y declaraciones concretas a los medios con muchos y variados detalles de las implicaciones de estos honorables y distinguidos señores de la Banca en delitos que abarcan buena parte del Código Penal.

No ha sido la toma de conciencia de poner justicia en el descalabro económico de la crisis ni la imperiosa necesidad de dinero que tiene la Hacienda Pública lo que ha movido a los organismos estatales a perseguir la corrupción en esos niveles; ha sido la honradez de unos pocos funcionarios hartos de reprimir su ética ante tanto privilegiado lo que ha abierto el camino a la necesaria actuación de la Justicia. Y conseguido que se impliquen todos: Banco de España, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, reguladores y supervisores, Fiscalía Anticorrupción, Fiscalía General del Estado, jueces y tribunales nacionales y autonómicos, miembros de la inspección tributaria, cuerpos de seguridad del Estado... Todos... Porque lo necesitaban. Y. destapado el chanchullo, sin posibilidad de más encubrimientos ni vuelta atrás, hasta el mismísimo Gobierno ha comprendido la necesidad de renovar viejas costumbres y normas no escritas, la obligación de luchar contra la corrupción en todos los ámbitos y sentar en el banquillo a todos esos personajes que, pertenecientes a la clase que se sienta a la derecha del Padre, privilegiados de la áurea diosa Fortuna y la cegata Iustitia, han gozado siempre y hasta ahora de patente de corso para hacer y deshacer con el dinero del pueblo, de la sociedad de a pie, cuanto les venía en gana.

Lo que hacían estos poderosos individuos, visto desde aquí abajo, desde la óptica resignada de los que sí habíamos de sufrir las leyes con todas sus consecuencias, clamaba al cielo a gritos. Sueldos  desorbitados, indemnizaciones multimillonarias, pensiones vitalicias desmesuradas, operaciones financieras irregulares, gastos sin control, administración desleal, engaños en los balances, apropiaciones indebidas... Por último, como una pequeña guinda en el pastel de la desvergüenza, la emisión de tarjetas ocultas a toda fiscalidad por parte de algunas entidades (Caja Madrid y Bankia, por ahora) y el uso indiscriminado de sus fondos por parte de casi un centenar de directivos y ejecutivos de las mismas. Todo un repertorio de delitos que se consumaba año tras año sin que nada ni nadie moviera un dedo para atajarlo.

El número de entidades afectadas por el destape ocasionado por la crisis -en muchas de las cuales vemos a sus directivos incursos en unas u otras de las reseñadas figuras delictivas- es amplio y engloba a casi la totalidad de Cajas de Ahorros y algún Banco.

Entre ellas podemos señalar a Caja Castilla-La Mancha, Cajasur, Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Catalunya Caixa, Banco de Valencia, Caixa Galicia y Caixanova (fusionadas en Novacaixagalicia y luego en Novagalicia Banco), Unnim, Ceiss, Caja Madrid -fusionadas en 2010 en un SIP con Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caixa Laietana, Caja Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia, con la denominación de Banco Financiero y de Ahorros (BFA)-, Bankia, nacido como Banco filial de BFA y nacionalizado en 2012. Y aún se podría continuar la lista con otras entidades que omitimos por su menor peso.

Para el saneamiento o integración de estas entidades fue creado el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que, en varias fases, ha conseguido fusionar a varias, recapitalizar y sanear a otras y nacionalizar y poner a la venta a las que no admitían otras fórmulas. Entre las que más recursos necesitaron son a destacar BFA-Bankia, Catalunya Caixa y Novagalicia, nacionalizadas por el Estado y a las que hubo de destinarse algo más de 44.000 millones de euros.

Un total de 175.011 millones de euros tuvo que dedicar el Estado a rescatar estas entidades de la incompetencia -y en muchos casos, inmoralidad- de los altos cargos que las conducían. De esa altísima cantidad, salida casi toda de los recortes sociales y los bolsillos de los ciudadanos, podemos dar por perdida una buena parte, toda vez que muchas de las entidades nacionalizadas fueron vendidas por el precio simbólico de un euro a Bancos y otras entidades más saneadas.

Naturalmente, no todas las entidades bancarias necesitaron rescates ni sus directivos avergonzarse de sus conductas. Las entidades que componen el actual sistema bancario parecen estar saneadas y con capital suficiente como para evitar que les afectara situaciones económicas límites como la acontecida. Y, sobre todo, parecen estar dirigidas por personas con la suficiente profesionalidad y ética como para que no vuelvan a repetirse las execrables acciones que comentamos.

Todo ello, junto con la, al parecer -el tiempo nos lo confirmará-, firme actitud del Estado de perseguir a toda esa lacra de corruptos financieros hasta sus última consecuencias, nos permite pensar en un futuro más amable y exento de medidas tan drásticas como las aplicadas en esta crisis que aún perdura.

Tenemos que aplaudir esta acertada actitud del Estado y sus órganos de Hacienda y Justicia (y más aún la de todos esos funcionarios que fueron capaces de levantar el dedo acusador). Y, si en un futuro cercano vemos recuperados los dineros y en la cárcel a tanto ladrón de traje y corbata, incluso hasta podríamos dar por bueno que nuestros gobernantes expoliaran nuestros bolsillos de la forma que lo hizo.

Ya sólo queda aplicar la misma actitud a la clase política (jamás un Partido ha denunciado y puesto ante la Justicia a ninguno de sus cargos). Si esto, a partir de ahora, se llevara a cabo con toda rotundidad y caiga quien caiga, tendríamos que admitir que el actual Gobierno ha conseguido imponer unos criterios y normas de justicia y honestidad jamás vistos antes en España. Podríamos llamarlo un milagro, un imposible hecho realidad. Si les soy sincero, yo todavía no me lo creo. Y a pesar de que estoy viendo en la prensa y demás medios que tal actitud no parece ser una nubecilla de verano, tendré que esperar a que el tiempo me lo venga a demostrar con la inexorable visión de los hechos consumados.

Si así ocurriera, podríamos asegurar que el Sr. Rajoy y su gobierno tendrían cuerda para rato. Es cierto que al PP y a sus responsables aún les queda pendiente el llamado "caso Bárcenas" e implicaciones en el Gürtel, lo cual podría afectar a miembros del actual Gobierno, pero, si quedara demostrada una verdadera filosofía de honestidad, su continuidad como norma y ejemplo de conducta en el Gobierno de España tendría tal importancia para todos que, incluso, hasta es posible que los esquilmados y dolidos ciudadanos vieran aceptable conceder indulgencia plenaria a quienes -demostrada su venialidad- sólo cometieron pecadillos menores en ese enrevesado caso. Ver que a partir de ahora y en lo sucesivo el poderoso señor D. Fulano, como cualquier otro delincuente, entra en la cárcel y le son confiscados sus bienes, bien que merece la pena -por última vez y para celebrar el milagro- el tantas veces usado borrón y cuenta nueva.

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