La desigualdad entre pobres y ricos, a pesar de los "todo va bien" y amplias sonrisas que no regala cada día el ínclito Sr. Rajoy, sigue creciendo en España. De manera espectacular. Y está ahí a la vista de todos.

Por un lado tenemos cinco millones de personas en exclusión severa y 728.300 hogares donde no entra ningún dinero, mientras por el otro lado, como florecillas en mayo, crecen y crecen los millonarios. Tan solo entre la primera mitad de 2013 y mediados de este año aumentaron un 24 % (89.000 más). Existen 465.000 personas que declaran un patrimonio en España de al menos un millón de dólares. Lo detalla el banco Credit Suisse en su informe sobre la riqueza mundial (no contamos aquí los más ricos de España, con fortunas que van desde los 46.000 millones de Amancio Ortega a los 2.600 millones de Francisco y Jon Riberas, por contar sólo los diez primeros). Y el índice de Gini, que mide si la riqueza de una nación está bien o mal repartida (de cero, el valor más equitativo, a 1 el más desigual), en España es un 0,34, el más alto entre las economías europeas.

Para certificar esta iniquidad podemos echar un vistazo a las noticias de la prensa de cada día.

Las empresas españolas cotizadas (Ibex 35) ganaron 18.872 millones en 2013. El conjunto de compañías cotizadas vendió en 2013 por valor de 559.070 millones. Para este año 2014, de acuerdo a los datos que se tienen, los analistas esperan que las ganancias conjuntas del Ibex sean de 31.376 millones, lo que supone un crecimiento del 81 %.

La empresa que más facturó en 2013 fue ArcelorMittal, con 59.828 millones de euros. En segundo lugar, Telefónica con una cifra de negocios de 57.061 millones, que, sin embargo, ocupó el primer puesto por beneficios con unas ganancias de 4.592 millones, seguida del Banco de Santander con un resultado neto de 4.370 millones.

En la Banca, en el primer semestre de 2014 -según la patronal bancaria AEB-, Banco de Santander con 2.756 millones de euros, BBVA con 1.328 millones, BFA Bankia con 671 millones y La Caixa con 604 millones, ocupan los primeros puestos por ganancias obtenidas.

Según datos del mercado, el patrimonio de ocho de las grandes fortunas españolas gestionado a través del Sicav (sociedades de inversión de capital variable) aumentó hasta septiembre de 2014 un 12 % y superó los 3.000 millones de euros. El patrimonio gestionado por estas ocho sicav, al cierre de septiembre, se elevaba exactamente a 3.050,14 millones de euros.

En 2012 los hogares españoles tuvieron unos ingresos medios anuales de 26.775 euros, cifra que acumula cuatro bajadas consecutivas desde los 30.045 euros que percibían en 2008. La pérdida de ingresos entre los funcionarios y empleados públicos fue bastante más acentuada, acumulando una pérdida del 30 % en el período 2008-2012 y -a la espera de datos oficiales- con un previsible aumento de varios puntos hasta la actualidad.

En 2013 uno de cada cinco habitantes de la población española vive por debajo del umbral de la pobreza (el 20,4 % frente al 20,8 % de 2012). Este porcentaje se eleva hasta el 27,3 % si se utiliza el indicador AROPE (At Risk Of Poverty or social Exclusión) que es el que marca la estrategia de la Unión Europea. El de los menores de 16 años se elevó hasta el 26,7 %, indicando que más de uno de cada cuatro niños en España está en riesgo de pobreza (datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística).

Por comunidades autónomas, las tasas de riesgo de pobreza más elevadas corresponden a Castilla-La Mancha, 31,3 %, Extremadura, 30,9 % y Andalucía, 29,1 %, y las más bajas a Navarra, 9,9 %, País Vasco, 10,5 %, Madrid, 13,4 % y Cataluña, 13,9 %.

Todos estos datos nos lleva a pensar que la actual filosofía política (como siempre, pero mucho más que nunca) tiende a favorecer a los más ricos, grandes empresas, Bancos y sistema financiero e inversores, en detrimento de la gran mayoría de la población. Que es así no sólo se advierte en los enormes recortes que se han llevado a cabo en sueldos, pagas extras y servicios sociales, o ajustes en sistemas de contratación y leyes laborales, sino también en ayudas directas -175.011 millones de euros dedicados a rescatar Bancos y Cajas- o indirectas a través de fiscalidades inexistentes o extraordinariamente beneficiosas, como las ya referidas Sicav -Sociedades de Inversión de Capital Variable que tributan al 1 % y son utilizadas por las grandes fortunas como instrumento de gestión particular-, o las ETVE (Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros) que son lisa y llanamente instrumentos para la evasión de impuestos por grandes empresas. Otro referente es el Impuesto sobre el Patrimonio, que grava la riqueza neta superior a 700.000 euros, suprimido en 2008 y prorrogado hasta -al parecer- 2015. Se sigue cobrando por las CC.AA, excepto la de Madrid que no lo cobra. Y otros muchos subterfugios legales poco conocidos que se aplican a empresas, entidades o inversores según necesidad e interés (ejemplo, los Activos fiscales diferidos (DTA), norma fiscal que permitió a los bancos computarlos como capital (siendo puras perdidas) para evitar la ampliación del rescate bancario).

Teniendo en cuenta que la existencia de una Banca y sistema financiero sólido, competente y regido por la ética es una necesidad de primer orden en los tiempos actuales, podemos entender que se le ayude en una forma justa cuando circunstancias extraordinarias lo hagan indispensable (de ninguna manera por la mala gestión, incompetencia, deslealtad, saqueo y ausencia de ética comprobada en diversas entidades y sus administradores en crisis como la actual), y que se facilite la fiscalidad a empresas e inversores para hacerles cómodo y rentable su establecimiento en España y no se vayan a países de sueldos más bajos o paraísos fiscales. Pero, como también es obligado tener en cuenta que todo el dinero debe salir del bolsillo de los ciudadanos y todos los esfuerzos de mermar su estado de bienestar, se hace indispensable observar toda medida con infinita prudencia y mesura para no ocasionar hecatombes sociales como la que sufrimos desde hace siete años, tragedia que no sólo es visible en la ignominiosa miseria en que viven tantos españoles y en la existencia de la más alta tasa de paro de toda Europa, sino en la incongruente paradoja de que cada día tengamos más millonarios.

El Sr. Rajoy y su Gobierno debería tomar conciencia de que es forzoso, imprescindible, inexcusable, obligatorio, preciso, vital, necesario sin excusas de ningún tipo, cambiar ya esta política y, como atestiguan todos los expertos en Economía, disponer medidas suficientes y estables para aumentar y llevar a límites más justos y equitativos el poder adquisitivo de los ciudadanos. Y esto implica, no sólo devolverles todo cuanto le han quitado, sueldos, pagas extras, derechos..., sino también algo que les resultará bastante más difícil: la dignidad.

Todo cuanto no sea eso no será otra cosa que continuidad para este desastre que nos echaron encima y mantener en el fango de la miseria a toda la nación española.

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