Gracias a los diversos medios de comunicación que cada vez tienen una mayor relevancia en el mundo desarrollado, nos estamos dando cuenta, desde hace ya varios años, que la corrupción en España, lamentablemente, no es un hecho aislado sino que se ha extendido por toda España como una mancha de aceite por toda la sociedad hispana. Desde políticos a empresarios pasando por una serie de personas dedicadas a profesiones liberales, se dedican a robar o defraudar a Hacienda.

Los altos cargos de la administración no nos dan ejemplo de austeridad ni honradez en sus gestiones públicas; más bien lo contrario ya que además de ganar sueldos fabulosos (ampliados con sus correspondientes dietas), muchos de ellos, se dedican a cobrar comisiones que pueden llegar hasta el 20% para favorecer los negocios de sus amigos de partido o familiares más o menos próximos o disponer de información privilegiada para saber qué acciones subirán en la bolsa o cuáles bajarán.

Los casos más sangrantes de corrupción tal vez sean los de la familia Pujol, en Cataluña. Como señalan las investigaciones judiciales realizadas en los últimos meses, tanto el ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, como sus hijos, están implicados en una serie de estafas, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, etc. Al parecer llegaron a sacar de España hacia paraísos fiscales exteriores la nada desdeñable cantidad de 500 millones de euros. Otros casos muy destacados en los medios de comunicación fueron el caso Gürtel, Bárcenas (ex tesorero del PP) o el ex vicepresidente Rodrigo Rato, sin olvidarnos de los famosos Eres de Andalucía, donde también se desviaron cientos de millones de euros para fines particulares y que salpicaron a dos ex presidentes de la comunidad de Andalucía, Chaves y Griñán.

Lo grave del asunto no es tan solo el que se produzcan casos de corrupción de forma tan continuada y a lo largo y ancho de toda España, sino que las personas que deberían de impedirlo o bien lo permiten o bien miran para otro lado como si no pasara nada en absoluto. Incluso el propio presidente del gobierno y sus ministros apoyaron, en un principio, a personas implicadas en temas de corrupción hasta que se produjo una sentencia judicial más o menos firme. ¿Se produjo alguna dimisión política por este apoyo prestado a personas corruptas?. La respuesta es negativa. En nuestro país los políticos no dimiten, se aferran a su poltrona y solo lo hacen cuando tienen una resolución judicial por el medio.

Pienso que los españoles estamos ya hartos de corrupción y de que no se tomen medidas contundentes para evitarlas o combatirlas con prontitud. Pero ¿cómo se va a luchar contra la corrupción si muchos corruptos son los que dictaminan las leyes? Los españoles han dado una sensata lección democrática a la clase política en estas últimas elecciones celebradas en diciembre de 2015, evitando la mayoría absoluta para un determinado grupo político obligando, por ello, a los partidos a la negociación y al pacto y por otro lado, dando entrada a otros partidos de nuevo cuño, caso de Podemos o Ciudadanos para dar un cierto aire de frescura al ya tradicional y obsoleto bipartidismo político imperante en España desde la Restauración en el siglo XIX.

Los españoles deseamos que las personas involucradas en casos de corrupción, sean políticos, empresarios o cualquier ciudadano, sean llevados a los tribunales y pasen una temporada en prisión, obligándoles a que devuelvan hasta el último euro robado de las arcas públicas al igual que nos ocurre a todos los españoles de a pie cuando realizamos la declaración de la renta fuera del plazo señalado o se nos olvida pagar la viñeta del coche; la acabamos pagando incluyendo un 4% de interés por la demora.

La corrupción, aparte de ser una falta grave desde el punto de vista ético o moral, produce un grave daño a nuestra economía y, por ende, a todos nosotros, a la sociedad española en su conjunto. Las personas corruptas desvían miles de millones de euros todos los años del fondo público de todos los españoles a manos particulares para su propio provecho en compras lujosas de todo tipo que van desde la adquisición de relojes de alta gama, coches de lujo, mansiones, fincas, vacaciones en hoteles de cinco estrellas y depósitos de dinero no declarado fuera de España.

Nuestra economía se resiente gravemente por la gran cantidad de dinero que se desvía indebidamente a manos particulares para su uso fraudulento. Son miles y miles de millones de euros los que tendrían que ir a parar a sanidad, educación o infraestructuras y que no llegan por este trasvase de capital del erario público al particular. De esta forma, todos nosotros nos vemos obligados a pagar más impuestos para cuadrar el presupuesto anual del Estado.

Mientras que muchos corruptos siguen en la calle y sin devolver el dinero que nos han robado, hay gran cantidad de españoles que están en el paro, otros cobrando una pensión de miseria o enfermos a los que la seguridad social les niega una pensión por enfermedad. Simplemente lamentable. El estado de bienestar se nos ha ido de las manos mientras que los corruptos campan por su respeto. Hemos de aplicar las leyes más duras posibles para acabar, de una vez por todas, con la corrupción ya que de no ser así tendremos corrupción por mucho tiempo y España no se lo puede permitir.

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