Bien es verdad que gobernar un país democrático y de primer nivel, a pesar de contar con una Carta Magna, leyes contrastadas y adaptadas a los tiempos y todas las herramientas legales para imponer la debida justicia en todos los ámbitos, es tarea harto difícil que, en ocasiones, por falta de objetividad en los criterios que han de aplicarse, o por indolencia o pasividad de los dirigentes o responsables obligados a su aplicación, puede dar lugar a situaciones como la que, para vergüenza de propios y extraños, hemos podido contemplar en la recién celebrada final de la Copa del Rey.

Y esta desvergüenza ha consistido, no sólo en la presencia en un partido de fútbol de símbolos políticos que -aunque por benevolente interpretación de la normativa legal ante posibles colisiones de derechos se hayan permitido- son explícita o implícitamente alegales, impropios del momento y lugar y prohibidos en las Leyes para el Deporte europeas, sino también -mucho más intolerable- en el gratuito e injustificable acompañamiento de gritos, silbidos y abucheos proferidos por sus portadores contra el himno nacional y contra su Majestad el Rey. Esta acción constituye, no solo una grave ofensa a la persona del Rey y al himno representativo de la nación española, sino un acto de desprecio a todas las personas participantes en el espectáculo deportivo. Y como cualquier ofensa, agravio, afrenta, injuria, insulto, vejación, escarnio, infamia o humillación, debe considerarse punible, por cuanto puede ser origen de reacciones de grave violencia por parte de cualquiera de los españoles presentes ofendidos.

Si prohibir y evitar estas acciones supusiera coartar de algún modo el derecho a la libertad de expresión de una parte de los españoles -de aquellos que, en tanto no se modifiquen amistosa y legalmente las leyes constitucionales que nos amparan, tenemos una Patria común llamada España-, haría mía la frase de Voltaire y les diría a quienes así han obrado: "No comparto tu opinión, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarla." Evitarlo no supondría restricción alguna a la libertad de expresión. Porque lo que hay detrás de esta mascarada es una serie de aprovechados, principalmente unos cuantos políticos arteros y desconcienciados de lo que sería su verdadero deber, que se sirven de cualquier artimaña para conseguir sus propósitos sin que les importe un bledo las consecuencias para el pueblo catalán; unos directivos de un club de futbol (mi muy admirado equipo desde que era un niño), Fútbol Club Barcelona, que se dejan llevar por los vientos que soplan, y unos responsables de hacer que se cumplan leyes y normativas -el Gobierno patrio- que, indolentes y pasivos, ni se han preocupado de encontrar, encausar y aplicar las adecuadas leyes o normas ni han tenido en cuenta el gran daño anímico y emocional que tal dejadez ha causado a una inmensa mayoría de españoles.

La estelada no es la bandera representativa de Cataluña sino el símbolo de los separatistas catalanes. La única bandera de Cataluña reconocida y oficial es la Señera, emblema tradicional de los Reyes de la Corona de Aragón, aceptada por su continuado uso y su amplio y bien documentado carácter histórico. Ésta y la del FC Barcelona son las únicas correctas y adecuadas para un espectáculo deportivo.

La estelada -al igual que banderas de simbología nazi (motivo de cierre del Bernabéu en 2014) o de otros orígenes políticos-, no es aceptada por la UEFA. El Barcelona ha sufrido ya dos multas por esta razón. Una tras la final de la Liga de Campeones, ante el Juventus, donde fue multado con 30.000 euros por su exhibición. Y meses después otra, donde se le impuso multa de 40.000 euros por ser exhibida en un partido en el Nou Camp entre el Barcelona y el Bayer Leverkusen.

La delegada del Gobierno español en Madrid, Concepción Dancausa -con independencia de su perfil familiar o ideológico-, procedió correctamente cuando prohibió su exhibición en la final de Copa basando esta decisión en la Ley del Deporte, porque, como aseveró, “Ni el deporte ni el fútbol tienen que convertirse en escenarios de confrontación política.” Y como fuera revocada, aunque esta otra opinión mía pueda parecerles extraña, ateniéndome a los razonamientos expuestos por el magistrado titular del Tribunal Contencioso-Administrativo número 11 de Madrid, también he de reconocer como dentro de una lógica la interpretación hecha por el Sr. Juez y su decisión de revocar cautelarmente la prohibición establecida por la delegada del Gobierno. Sus argumentos, acordes a las últimas actualizaciones del desarrollo de la Ley, son estos: "En ningún caso ha resultado probado que la exhibición de la estelada pueda incitar a la violencia, el racismo, la xenofobia o cualquier otra forma de discriminación que atente contra la dignidad humana. Y como manifestación de una ideología política o creencia, no se justifica en qué medida puede infringir el orden jurídico existente..."

Una buena interpretación sin duda. Pero, por si acaso alguien lo ignora, quiero reflejar que, a última hora de la mañana del día 20, y poco antes de conocerse el auto del Sr. Juez, la Sra. Dancausa denunció ante la Policía la recepción de una carta en la que se le insulta y se le advierte de que no va a salir indemne: "Vamos a tatuarte la estelada en la frente.", le decían. ¿Violencia? Pues, no sé. Juzguen ustedes.

Lo ocurrido en el Vicente Calderón, exhibición por un numeroso grupo de gente de símbolos políticos en un acontecimiento deportivo, y pitos y abucheos al himno nacional y al Rey de España, no es el uso y libre ejercicio de la libertad de expresión, sino que se corresponde con total exactitud con una encubierta MANIFESTACIÓN POLÍTICA. La RAEL, en su segunda acepción la define así: "Reunión pública, generalmente al aire libre y en marcha, en la cual los asistentes a ella reclaman algo o expresan su protesta por algo (nada que ver, por tanto, con animar a un equipo de fútbol).

Y, si bien, la manifestación es una acción reconocida y legalizada en nuestro derecho constitucional, que, en su Título I, Cap. II. De los derechos y deberes fundamentales. dice: "En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y MANIFESTACIÓNES se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.", la que aquí comentamos, al tratarse de una manifestación política proveniente de un minoritario sector de característica excepcionales, que no reconocen la Constitución, que abominan de España y no quieren ser reconocidos ni llamados españoles, y cuyo fin último es separar a Cataluña de España -de grado o por la fuerza (sigan atentos a las noticias)-, toda acción o manifestación tendente a imponer sus criterios al resto de los españoles en momento y lugar no apropiados -llámese encuentro en un estadio de fútbol o sesión en el Congreso de los Diputados- debe ser contemplada, en justicia, como fuera de toda legalidad y no amparadas por las leyes constitucionales.

Los ciudadanos de Cataluña, incluido ese grupo minoritario de separatistas, tienen perfecto derecho a pensar como les venga en gana, a separarse si quieren de la Patria que les alberga y en la que nacieron, a crear una nueva para ellos solos, a ser los dueños únicos de sus destinos... y, si es consentido, a maldecir o cagarse en la madre que parió a todos aquellos gobernantes que les impiden llevar a cabo sus pretensiones con facilidad. Y a contárselo a todo el mundo por todos los medios correctos, adecuados y legales que les venga en ganas... Pero no pueden venir aquí a mi Patria, a mi tierra, a mi casa, a pisotear mis derechos, a cachondearse de mis sentimientos y dignidad como español, a abuchear a la persona de mi Rey -a quien admiro y respeto- ni a ultrajar y denigrar al himno que representa a esta tierra donde nací (entiendan esto como referido y participado por la inmensa mayoría de los españoles).

Seguiré fiel y defendiendo como siempre los colores del FC Barcelona. Y seguiré admirando a Cataluña y a todos los buenos catalanes que he conocido a lo largo de mi vida. Y defendiendo los derechos y la libertad de los españoles, todos..., incluidos los de las tierras catalanas. Me consta que los que alteran a la sociedad y desmerecen por un comportamiento fuera de lo correcto, només són quatre gats...

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